Fernanda Lacey y Claudio Daniel Boada, abogados y dirigentes de la Unión de Usuarios y Consumidores, analizan en forma conjunta en esta entrevista de iProfesional el reciente decreto presidencial que declara como servicio público a la telefonía móvil, Internet y la TV paga.
-¿Cómo evalúan el decreto 690/20 en términos conceptuales?.
-Dos temas resuelve este DNU. El primero de coyuntura que es el necesario congelamiento de los precios a aplicarse a estos servicios. Hoy en medio de la cuarentena estos servicios son más esenciales que nunca. Vivimos, trabajamos, estudiamos y tenemos contacto con nuestra familia y amistades a través de Internet.
El segundo es reconocer el carácter de servicio público a estos servicios. La comunicación es un DDHH básico. Precios accesibles a todos, calidad de servicio. Universalidad (en todo el territorio nacional), uniformidad (buena calidad para todos nada de buena calidad para ricos y una calidad deficiente para pobres), conectividad para todos.