Mientras el comercio en Salta retoma la actividad tras las últimas restricciones impuestas por las medidas de aislamiento obligatorio, los comerciantes analizan que será muy difícil repuntar las ventas y lograr el punto de equilibrio en las cuentas anuales. Se acerca fin de año y los balances indudablemente dejarán en rojo a la mayoría de los libros contables y esto obliga a nuevas estrategias no solamente comerciales sino también recaudatorias.
En efecto la crisis sanitaria, tal como se anticipaba al principio de la pandemia, está mostrando ahora con toda crudeza el lado oculto de los daños: la actividad económica y su impacto social.
El Estado y el sector privado han sufrido en forma dispar el impacto que significa una cuarentena para la que nadie está preparado, y que ha dejado en poco menos de 7 meses un tendal de quiebras, despidos y cierres de negocios en todos los rubros.
Pero aunque se advierte que el daño ha sido parejo, los efectos no parecen tener la misma condición, ni colocar en un pie de igualdad a todos los actores de la sociedad. Desde un sector cada vez más numeroso de la opinión pública se viene señalando y exigiendo la necesidad de que los administradores estatales, la clase política y dirigencial, hagan su aporte para la optimización de los recursos que no les son propios, pero que el Estado les delega como parte de una simple contraprestación administrativa.
Hoy más que nunca queda en evidencia que el Estado, por sí mismo, es apenas un recaudador y administrador (y no tan efectivo) de los recursos que genuinamente surgen a partir de las actividades productivas y comerciales.
Tal vez por eso, hace unos días el gobernador Gustavo Sáenz anunció una ayuda provincial para el sector comercial a través de un ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) de 500 millones de pesos. “El Estado les debe devolver un poco del apoyo que recibió por parte de todos los comercios en esta pandemia”, dijo el mandatario.
La asistencia que se suma al programa de ATP que envía la Nación será de $6000 para empleados de la industria y el comercio, junto a otros beneficios impositivos y el acceso a créditos a tasa cero.
Esta suerte de dualidad que ha surgido en las actuales circunstancias hace concluir que, de no ser por la pandemia, las ayudas del Estado serían inexistentes en los niveles actuales para el comercio y la industria, aunque la producción sigue un tanto relegada en el actual escenario.
Es que el Estado invariablemente ha comenzado a admitir, más a allá de las absurdas posturas ideológicas, que la actividad privada es la única fuente de ingreso con la que cuenta.
El círculo virtuoso de producción y administración se ha roto y no hay una retroalimentación que permita mantener el sistema en el mediano plazo. El Estado lo sabe certeramente; los empresarios, comerciantes e industriales también. Las ayudas económicas, subsidios y créditos a tasa cero no podrán sostenerse otros siete meses simplemente porque el motor generador de riquezas está funcionando con menos pistones y ante esta realidad los parches aparecen como soluciones a largo plazo, pero todos están conscientes de que esto no es así.