El tema de los sueldos de los jueces, aquellos hombres y mujeres que deben decidir sobre la libertad o nó de las personas, es siempre apasionante y mucho más en Argentina, donde la esbelta mujer de los ojos vendados siempre vuelve a los debates más polémicos de la opinión pública.
El principio de “intangibilidad” de las remuneraciones de los magistrados tiene rango constitucional y está establecido para garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar que otros poderes puedan, por medio de maniobras que disfrazan el soborno, afectar esa garantía de la cual depende toda la sociedad. En otras palabras, los jueces deben, necesariamente, ganar mucha plata para evitar las “tentaciones” que el dinero puede ofrecer desde los oscuros rincones del delito.
Este estado salarial de los magistrados, para el caso de Salta, tiene también el lastre adicional de la información reservada: nadie sabe a ciencia cierta cuánto es el sueldo de un juez de Corte, ni tampoco el de un magistrado de instancias menores. Es así que hace unos días se habló de haberes que rondan el millón de pesos mensuales en el máximo órgano de Justicia de la Provincia, información que dio a conocer la organización Salta Transparente, que a través de su titular, Gonzalo Guzmán Coraita, solicitó a la Corte que informe acerca de sus haberes mensuales.
Pese a este pedido, enmarcado en el acceso a la información púbica, la Corte no ha respondido, por lo que se presentó un recurso de amparo. Tampoco se sabe en Salta cuánto es el sueldo de los jueces de cámara o de primera instancia. En otras provincias se conoce que estos haberes alcanzan los 300 mil pesos porque se trata de información de acceso público. Ante el hermetismo local, se sospecha que en nuestra provincia esa cifra sería muy superior.
Ahora bien: la introducción explicativa nos lleva al preludio de un nuevo escándalo a nivel nacional, que por estos días tiene a Salta en la mira de todo el país. Y es que tres jueces camaristas pidieron un “bono extra” o una “compensación de días” por el trabajo que están llevando a cabo durante la feria extraordinaria por la pandemia.
Ocurre que ante el aumento de los casos de Covid, la Corte de Justicia en Salta dispuso una feria de dos semanas hasta el 11 de septiembre. Pero los jueces Marcelo Domínguez, María Inés Casey y María Silvina Domínguez, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, consideran que, como les tocó trabajar durante la feria “extraordinaria”, deben ser compensados.
El pedido, que ya fue cursado oficialmente al presidente de la Corte, Guillermo Catalano, tiene aristas que es necesario abordar sin que esto signifique perder la cordura y el control, al recordar que muchos asistentes sociales, enfermeros y médicos, que ni siquiera tienen un sueldo “en blanco”, están de frente al virus todos los días en la primera línea de batalla.
Seguramente estos tres jueces, amparados en el rango de intangibilidad que les asiste a sus sueldos y dentro de la información reservada, tienen una estimación clara de que merecen ganar un bono extra porque comparativamente con el resto de sus colegas, “les tocó trabajar” diez días de más ante la eventualidad de la pandemia.
El pedido puede ser analizado inocentemente desde la ambición desmedida, aunque esto resulta invariablemente una bomba de tiempo a punto de estallar en las manos de los jueces de Corte. Más allá de la respuesta positiva o negativa a la solicitud, los magistrados estarán obligados a transparentar la cuestión salarial en la Justicia salteña. Pero además de ello, también cabe otra consideración un tanto más popular. Los jueces pertenecen a uno de los sectores extremos en la brecha salarial argentina. Del otro lado están los que menos ganan dentro del Estado. Mientras un juez tiene un salario mensual de 300 mil pesos (por citar una cifra conocida), un enfermero que gana 17 mil pesos, tendrá que trabajar casi dos años para obtener el mismo ingreso mensual de un magistrado. Ni hablar de otros trabajadores de la Salud que están en negro y pagando el monotributo desde hace décadas.
Quedará para otro análisis, las jubilaciones de privilegio y las exenciones impositivas, como el impuesto a las Ganancias, que nuestros magistrados han logrado conservar a lo largo de los años como un beneficio dogmático. Esta reflexión no es sectaria, ni pretende atacar la tarea vital de los jueces, pero es necesario, en este tiempo de crisis, prender las luces sobre las desigualdades que ya rozan la inmoralidad.
Los políticos y los jueces tienen hoy el mismo descrédito en la sociedad y son la borrachera de poder y la ostentación con el dinero público, los elementos comunes que caracterizan a unos y a otros ante la sociedad. Es necesario que reflexionen sobre su rol y que de una vez por todas den una mínima señal de honestidad y de servicio a la Patria.