Un fiscal de juicio pidió absolver al primer jefe que tuvo la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, en el juicio que se les sigue, junto a otros nueve exefectivos federales, como acusados de integrar una asociación ilícita que en 2016 exigía dinero a comerciantes de los barrios porteños de Núñez, Saavedra y Coghlan.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal Fernando Fiszer también pidió la absolución del entonces comisario Guillermo Calviño, pero solicitó penas de entre 3 años y medio y 6 años de prisión para los otros ocho imputados, entre ellos, la excomisario inspector Susana Aveni, quien era la jefa de la Circunscripción VII al momento de los hechos.

El pedido de pena más alta recayó sobre el excomisario de la seccional 35ta., Norberto Villarreal, el único de los acusados que llegó preso al debate y que fue imputado como "autor penalmente responsable de los delitos de organizador de asociación ilícita, y concusión de funcionario público" en concurso real.

Para Aveni, el fiscal utilizó los mismos delitos pero le atribuyó el rol de "jefe" y pidió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 16 porteño que le fije una pena de 5 años y medio de cárcel.

Mientras que a Alberto Quiroga Marciano, Sergio Gabriel Ríos, Alejandro Malfetano y Adrián Paul Otero, los consideró coautores de los mismos delitos pero en calidad de "miembros" de la asociación y requirió para cada uno de ellos 3 años y medio de prisión.

En tanto que para los exsubcomisarios Marcelo Stefanetti y José Codaro, el fiscal solicitó sendas penas de 4 años y 6 meses de cárcel.

Por su parte, Cristian Poletti, uno de los abogados defensores de Potocar, explicó a Télam que, en su alegato, la fiscalía se basó en las declaraciones del acusado Villarreal, quien permaneció un año y medio prófugo por esta causa.

A su vez, Claudio Calabresi, abogado de Aveni, dijo a Télam que la acusación contra la excomisario inspector es una expresión del "patriarcado" y señaló que quieren "hacer cargo a una mujer que no tenía ningún tipo de poder".

Los alegatos

Tras los alegatos del fiscal, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves cuando comenzarán a presentar sus argumentos las defensas de los principales acusados.

Durante el debate declaró un policía que trabajó en la comisaría 35ta. y denunció que fue increpado por Villarreal unos días después de su llegada como comisario. "No he visto todavía ni un peso en este escritorio", recordó el testigo que le dijeron. A partir de ese momento, sostuvo que comenzaron "los castigos" y que lo apartaron de sus tareas habituales.

Este testigo fue también quien filmó un video en el que se observó a Villarreal mientras le daba órdenes a otros policías para coordinar la distribución de "trapitos" durante un espectáculo deportivo realizado en el Club Atlético River Plate.

Luego, un policía retirado también de la seccional 35ta. declaró en el juicio que Villarreal repartía el dinero de las coimas entre ellos y, luego, lo derivaba "hacia arriba", en relación a Aveni, Potocar -por entonces comisario inspector de la Dirección General de Comisarías (DGC) y luego sería el primer jefe de la Policía de la Ciudad- y Calviño, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina (PFA).

Cómo se inició la causa

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en 2016 en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35a. a partir de la llegada de Villarreal en enero de ese año, cuando dicha dependencia aun dependía de la PFA.

Tras la denuncia se abrió una causa penal que llevó adelante el fiscal de Distrito Núñez-Saavedra, José María Campagnoli.

Luego, se allanó la comisaría, donde se encontró un cuaderno en el que supuestamente estaban registrados los pagos y se mencionaba a la DCG (Dirección General de Comisarías) y a la SSM (Superintendencia de Seguridad Metropolitana), por donde pasó Potocar, como reparticiones receptoras de los pagos.

Además, en los comercios afectados se hallaron comprobantes de aportes a la "Asociación Amigos de la Comisaría 35", que habría sido una de las formas de canalizar las coimas, entre otras pruebas.

Sin embargo, la Cámara del Crimen sostuvo en uno de sus fallos que el cuaderno "si bien tiene alto valor indiciario, no resulta concluyente a la hora de decidir un auto de procesamiento con prisión preventiva por la figura escogida".

También se cuestionó a Campagnoli porque no le había tomado declaración a los dueños de los locales supuestamente afectados ni había efectuado otras medidas.

Por su parte, los diez imputados estuvieron presos durante algún tiempo y posteriormente fueron logrando la excarcelación.