La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Asociación Civil Memoria Activa que agrupa a víctimas y familiares de las víctimas del atentado terrorista que 18 de julio de 1994 voló en Buenos Aires la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para que se analice la responsabilidad del Estado argentino en relación a ese ataque y la situación de impunidad en la que se encuentra la causa judicial.

En su Informe de Fondo sobre ese hecho que dejó 85 muertos y 151 heridos, la CIDH "valoró que en el año 2005 el Estado aceptó su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevención y por no haber investigado el atentado de manera adecuada y efectiva".

"El Estado no realizó un reconocimiento explícito respecto de los hechos posteriores al año 2005. Teniendo en cuenta esto, así como su rol de garante del orden público interamericano y la necesidad de determinar el alcance de la responsabilidad del Estado (argentino) y las características de las medidas de reparación, la Comisión en su analizó de manera integral todos los hechos y elementos de fondo materia del presente asunto", señaló la CIDH en un comunicado de prensa.

La Comisión consideró, con base en los elementos desarrollados por la jurisprudencia interamericana, que el Estado "conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina, particularmente después de la ocurrencia del atentado a la Embajada de Israel en 1992".

En el documento se sostiene que "dicho riesgo era real e inmediato", y una muestra de ello es que "existían medidas de seguridad del lugar, y que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA".