Organizaciones, familiares y personas con discapacidad se movilizaron en decenas de ciudades de todo el país para reclamar por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.
Entre las principales consignas, denuncian la quita de Pensiones No Contributivas, falta de cobertura prestacional y medicamentos e incumplimiento del cupo laboral del 4%. Además, prestadores de servicios apuntan a deudas del Estado y a la falta de actualización de sus honorarios.
La Agencia Nacional de Discapacidad rechaza la emergencia en discapacidad
Minutos después de conocerse el respaldo mayoritario de la oposición legislativa a la emergencia en discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un comunicado en donde "manifiesta su enérgico rechazo al proyecto" al entenderla como "una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión".
La ANDIS interpreta que "la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social".
En el documento, critican la última gestión por el deterioro del poder adquisitivo de las pensiones, "en cambio, este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan". "Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad", concluye ANDIS.
