En el arranque del año 2024, el sector agrícola se enfrenta a un escenario marcado por el aumento en la presión tributaria. Según el Índice Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), un 65% de la renta del productor queda en manos del Estado, lo que implica un incremento de 6 puntos desde la última medición de diciembre, con la siguiente composición entre jurisdicciones: 94% nacional, 5% provinciales y el resto municipales. En la medición del último trimestre de 2023, la presión impositiva ejercida por municipios, provincias y el Estado nacional sobre la actividad agrícola redujo el ingreso de los productores argentinos en un 59%. Aunque este porcentaje seguía siendo significativo, se observó una disminución de 17 puntos en comparación con la medición de septiembre, que marcó 76,1%. Este fenómeno, explicado por Nicolle Pisani Claro, economista Jefe de FADA, se atribuye a la combinación de dos factores críticos: la suba de costos y la caída de precios. En ese sentido, destacó la relación entre la renta agrícola y los impuestos, señalando que cuando el valor de la producción disminuye o los costos aumentan, la participación de los impuestos sobre la renta se incrementa, generando un mayor peso fiscal para los productores.