A través de la Resolución 51/2024, el Gobierno dispuso la derogación de 69 normas vinculadas a control de precios y abastecimiento con el objetivo de “fortalecer la competencia y mejorar el comercio”. Entre las normativas derogadas se encuentran Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento. También están el Sifire, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el Sipre, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.  “El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, explicó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado. En esa línea, Lavigne remarcó: “Se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de Abastecimiento, de Góndolas y del Observatorio de Precios”.  Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023. “Estas herramientas solo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas en nuestro país”, indicaron desde la Secretaría. Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, con la idea de que “ese tipo de políticas sea impulsado por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real”. Dentro de las políticas de simplificación impulsadas desde la Secretaría de Comercio, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada. También la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores “que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores”. De acuerdo a lo que señalaron, esta es la primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas.