El rebrote de contagios por la variante Delta y la ralentización de la inmunización en aquellos países que más avanzaron en sus campañas empujaron a varios Gobiernos y empresas a imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus a toda la población o un sector, especialmente los trabajadores de salud o los que se desarrollan una tarea frente al público.

Si bien los inoculantes que se administran de forma masiva tienen una aprobación de emergencia por los entes reguladores y la propia Organización Mundial de Salud (OMS) debido a la velocidad con lo que se realizaron los ensayos clínicos y la necesidad de una respuesta rápida ante la pandemia, demostraron una alta seguridad, eficacia y calidad que permite tomar estas medidas.

El último en hacerlo fue Estados Unidos, tal como anunció el presidente Joe Biden el jueves pasado, en una decisión que va a alcanzar a las aproximadamente cuatro millones de personas que trabajan para el Gobierno federal.

"Muchos hablan de libertad, pero la libertad también conlleva responsabilidades, así que hay que vacunarse", enfatizó el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca y agregó: "Esto no es una cuestión entre estados republicanos o demócratas, sino una cuestión de vida o muerte".