El juicio por el doble crimen del diputado Héctor Olivares y de su asesor Miguel Yadón, cometido en 2019 en la plaza del Congreso de la Nación, llegó este miércoles a su fin con los alegatos de las últimas dos defensas, y el 20 de este mes se dará a conocer el veredicto para los nueve imputados.

En la última jornada de un debate que se inició el 4 de agosto pasado y se realiza de manera mixta en el Palacio de Tribunales y vía Zoom, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 anunció un cuarto intermedio hasta el 20 de septiembre, a las 9.

Fuentes judiciales indicaron que ese día, durante la mañana, los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas le darán la oportunidad a todos los acusados de decir sus últimas palabras, mientras por la tarde se conocerá el veredicto.

En la audiencia de este miércoles –transmitida por la plataforma YouTube-, el primero en alegar fue el abogado Javier Ibarra, defensor de Luis Felipe Quevedo (50), el comerciante de Tandil que llegó acusado de "suministro ilegal" de la pistola con mira láser con la que se cometió el doble crimen.

"No existe ninguna prueba de que el arma la haya tenido 15 años el señor Quevedo o que existió algún tipo de comercio en la adquisición facilitación o venta de Quevedo a (Juan José) Navarro Cádiz", el principal acusado, dijo Ibarra tras lo cual pidió su absolución, lo mismo que también había pedido el fiscal de juicio Ariel Yapur.

El otro abogado que alegó fue Carlos Mauro, por la defensa de Luis Cano (66), un amigo de los principales imputados, a quien lo acusaron por "tenencia de arma de guerra" por el revólver que le hallaron al ser allanada su casa en el marco de la investigación.

Mauro también pidió la absolución al entender que se trataba de un arma que su cliente había heredado de su padre y que tenía descargada en su casa y que lo único que correspondía por no haber hecho los papeles en todo caso era una sanción en el fuero contravencional de la ciudad.

Los dos principales y únicos imputados como presuntos coautores del doble crimen son los primos Navarro Cádiz (27) y Juan Jesús Fernández (44), ambos de la comunidad gitana

Para el primero, el fiscal Yapur solicitó una condena de 45 años de prisión y para el segundo, prisión perpetua, por los delitos de "homicidio agravado por alevosía cometido en forma reiterada en dos ocasiones, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra".

Si bien el delito es el mismo, en el caso de Navarro Cádiz, Yapur pidió pena numérica porque fue detenido en la República Oriental del Uruguay y para ser extraditado se fijó como condición la imposibilidad de que sea condenado a perpetua.

El primer día del juicio, Navarro Cádiz pidió perdón a las familias de las víctimas, confesó haber sido el tirador pero aclaró que su intención fue hacer un solo disparo hacia un ombú de la plaza y por error salió una ráfaga, versión que cuestionó el fiscal.

Su defensor, Pablo Pierini, pidió que el tirador sea condenado pero por los delitos de "doble homicidio culposo" (sin intención), o al menos por "homicidio con dolo eventual", con pena máxima de 25 años.

En cambio, la defensa de Fernández, a cargo de Oscar Moyano, pidió la absolución al considerar que el hecho de que su cliente estuviera dentro del auto desde donde partieron los disparos homicidas, no implican que haya tenido ni la voluntad ni el dominio del hecho, porque el episodio lo sorprendió, duró cinco segundos y tuvo como único tirador a Navarro Cádiz.

En relación a los otros imputados –la mayoría familiares de Fernández y de Navarro Cádiz- que llegaron a juicio acusados de delitos menores, Yapur pidió algunas absoluciones o penas en suspenso.

Para Juan Jesús Fernández Cano (21), María Rosa Cádiz Vargas (48) y María Argentina Cádiz Vargas (52), Yapur pidió la pena mínima de "dos años de prisión en suspenso" como partícipes primarios en la "tenencia ilegal de arma", por el traslado de la pistola homicida desde el auto donde había quedado hasta la casa del autor del hecho.

Para la esposa de Navarro Cádiz, Rocío Michel Montoya (22), que había llegado acusada de "tenencia ilegal de armas", pidió la absolución.

Muertes en Congreso

Los crímenes de Olivares (61) y Yadón (58) ocurrieron el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional.

A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre Avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios balazos.

Yadón cayó muerto de tres disparos –uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.

Si bien se especuló con que el doble crimen podría haber estado vinculado a un "atentado a la democracia" o con algún tipo de "venganza personal", el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades llegaron a la conclusión de que fue "una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser", según constaba en la acusación original.

En su alegato, Yapur descartó para este caso el agravante del "homicidio por placer" por el que la causa también había llegado a juicio y que sí fue valorado por las querellas de las familias de Olivares y Yadón, al pedir para Navarro Cádiz y Fernández la pena de prisión perpetua.