La causa que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona cuenta por el momento con siete profesionales de la salud investigados por un posible “homicidio culposo”, y los fiscales de San Isidro aguardan los resultados de la junta médica para establecer si hubo mala praxis y definir qué responsabilidad le cupo a cada uno de ellos y si se puede imputar a más personas.

A tres meses y medio de la muerte del ex capitán de la selección argentina campeona del mundo en México 86, el expediente Maradona ya acumula 20 cuerpos -8.000 fojas-, donde hay centenares de hojas de informes médicos e historias clínicas, y miles de mensajes de texto y audio bajo análisis.

El equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, tiene, desde el inicio de la causa y como hipótesis de mínima, que por negligencia, impericia o inacción pudo haber un “homicidio culposo” por parte del equipo de enfermeros y médicos que estaba a cargo de la salud de Maradona.

La junta médica

La junta médica interdisciplinaria que se inició el lunes en la ciudad de La Plata puso a trabajar a 10 peritos oficiales y otros 10 de parte para que en un lapso de dos a tres semanas le contesten a los fiscales 24 preguntas que definirán el rumbo de la causa.

Cuál era el estado cardiológico de Maradona, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si era o no necesario operarlo del hematoma subdural, si la casa del barrio San Andrés de Tigre donde falleció el 25 de noviembre pasado era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos para el "10", son los ejes de las 24 preguntas de la fiscalía.

La dieta que tenía el ex DT de Gimnasia, los controles de enfermería, la coordinación del equipo de salud y si fue adecuada la decisión de quitarle los acompañantes terapéuticos que tenía Diego, son otros puntos del peritaje.

El rol de los médicos que asistían a Maradona

Una vez que los médicos contesten estos puntos de pericia, los fiscales se preparan para llamar a declaración indagatoria a los siete acusados que ya tiene el expediente y allí definirán el o los delitos y el grado de participación para cada uno.

Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque (39), quien para los fiscales es el principal imputado y quien actuaba como médico de cabecera, según los testimonios de sus propias hijas y evidencias del expediente.

Luque, comprometido también por una serie de audios y mensajes que se difundieron en las últimas semanas, donde queda en claro las falencias en los cuidados del paciente por su acceso al alcohol, las pastillas y hasta la marihuana en los meses previos a su muerte, no sólo fue notificado que es investigado por posible “homicidio culposo” –prevé prisión de 1 a 5 años- , sino también por "uso de documento privado adulterado", cuando se probó que falsificó la firma del “10” para solicitar su historia clínica a un sanatorio privado.

La segunda imputada es la psiquiatra Agustina Cosachov (35), quien medicaba a Maradona y es investigada por “homicidio culposo” y también por “falsedad ideológica”, por haber asentado en un certificado y en una historia clínica que en octubre pasado el exastro futbolístico se encontraba buen estado de salud mental, sin ir a visitarlo.

Los otros cinco imputados son el psicólogo Carlos Daniel "Charly" Díaz (29); la enfermera del turno día, Dahiana Gisela Madrid (36); el enfermero de la noche, Ricardo Omar Almirón (37); la médica coordinadora de la internación domiciliaria de Maradona para Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros de la empresa Medidom, Mariano Perroni (40).

Fuentes judiciales indicaron a Télam que luego de la junta médica, cuyas conclusiones se esperan para abril, los fiscales Iribarren, Ferrari y Capra podrían sumar más imputados a esta lista de acusados.

Algunos abogados de las partes ya mencionaron, además, que hay elementos para agravar las imputaciones y recaratular la causa como un “homicidio con dolo eventual” –con pena de 8 a 25 años de cárcel-, o a un “abandono de personas seguida de muerte” –que prevé de 5 a 15 años de prisión-.