El Gobierno nacional apunta a “reducir los costos de la energía y mejorar la focalización de los subsidios”, pero manteniendo “asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos”, de acuerdo a los objetivos del nuevo memorando de entendimiento con el FMI.
La política energética acordada entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional apunta a lograr resultados en el corto y en el mediano plazo.
Las acciones de corto plazo se enfocarán “en la reducción de los subsidios energéticos previstos en nuestro escenario base para 2022, guiada por criterios de equidad y justicia distributivas”, se precisó.
En relación al costo de la energía, se destaca el reciente aumento de la producción energética y la reducción del costo de la generación eléctrica, a través de medidas como el Plan Gas, y se apunta a incrementar “la inversión en la producción y el transporte de energía durante los próximos años”.
Además, se explicita el nuevo esquema de segmentación tarifaria, que prevé la eliminación de los subsidios a la electricidad y el gas para el 10% de los consumidores con mayor capacidad de pago a partir del 1 de junio.
“El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,06 por ciento del PBI en 2022”, se detalló.
Para el resto de los usuarios residenciales, las actualizaciones serán en base al crecimiento del salario promedio (coeficiente de variación salarial CVS) según lo que preveía la Ley 27.443.
En ese sentido, los beneficiarios de la tarifa social tendrán una revisión tarifaria equivalente al 40% del promedio del CVS del año anterior, y para el resto será equivalente al 80% del CVS.
También se confirma el aumento del 1 de marzo del 28% y el 42% en el precio mayorista de la electricidad PEST (precio estacional de energía) para todos los consumidores residenciales y para los usuarios no residenciales (excluyendo a los GUDI), respectivamente.
En el caso de los GUDI las tarifas energéticas cubrirán la totalidad del costo, se precisa.
Medidas a mediano plazo
Para el mediano plazo, el plan apunta a “aumentar el recupero de los costos de la electricidad y el gas”, mediante acciones tendientes a “incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable”.
Complementariamente, se espera “reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; y fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos”, entre otros.
