Siete personas fueron detenidas acusadas de integrar una banda que cometió en Tucumán el narcosecuestro de un hombre de nacionalidad boliviana que actuaba como “mula” y a quien sus captores torturaron con un taladro para que se pague un rescate de 50.000 dólares, pero aunque la organización quedó desarticulada, la víctima aún no aparece, informaron este martes fuentes policiales y judiciales.

Todo se inició el 21 de este mes cuando un ciudadano boliviano de 56 años se presentó en un Juzgado de Paz de la ciudad jujeña de La Quiaca para denunciar que su hijo de 33 años había sido secuestrado.

El hombre fue derivado a la Delegación La Quiaca de la Policía Federal (PFA), donde radicó formalmente la denuncia.

Allí explicó que su hijo había partido de su domicilio en la ciudad boliviana de Cochabamba hacia la provincia de Tucumán, presuntamente para hacer trabajos en una obra en construcción, pero que al cabo de unos días comenzaron a recibir vía WhatsApp comunicaciones extorsivas en las que les informaban que lo tenían secuestrado.

Los secuestradores se comunicaban con la pareja de la víctima, en Bolivia, y exigían un rescate de 50.000 dólares por su liberación.

Además, a modo de "pruebas de vida" y como método de presión a la familia para que pague el rescate, los secuestradores enviaron mensajes de audio y videos donde se veía cómo torturaban a golpes con un rebenque y con un taladro a la víctima.

Al tratarse de un secuestro extorsivo y con la presunción de que la víctima estaba cautiva en Tucumán, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal federal de esa provincia José Agustín Chit, quien de inmediato recibió el asesoramiento de los especialistas de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.

A nivel policial, los fiscales convocaron a los detectives del Departamento Antisecuestros Norte de la PFA, que trabajaron en conjunto con la Policía tucumana.

Una fuente ligada a la pesquisa explicó que tras las primeras averiguaciones, los investigadores pudieron determinar que la víctima se dedicaba a traer droga desde Bolivia, es decir que trabajaba como "mula", y que el suyo era un "narcosecuestro".

Los efectivos realizaron amplias tareas de campo y de análisis telefónicos, mediante los cuales lograron identificar a todos los integrantes de la organización criminal, entre los que había mujeres, una de las cuales, incluso, fue la que realizó las comunicaciones extorsivas, todo ello vinculado al tráfico y comercialización de drogas.

El fiscal Chit ordenó ocho allanamientos en la ciudad de San Miguel de Tucumán y alrededores, donde logró la detención de un total de siete personas, tres hombres de 29, 31 y 32 años y cuatro mujeres, de 26, 32, 34 y 36, varios de los cuales tenían antecedentes penales y pedidos de detención vigentes por otras causas.

Según las fuentes, en los procedimientos se secuestraron varios elementos que los comprometen como los teléfonos celulares con los que realizaron las comunicaciones, un vehículo donde trasladaron a la víctima, y hasta un rebenque y un taladro eléctrico con los cuales torturaron al secuestrado según se ve en los videos que enviaron a su familia.

Los pesquisas también incautaron estupefacientes en los allanamientos en los domicilios de los miembros de la banda, que confirmaron las sospechas de la Justicia y la Policía.

Además fue ubicado el sitio de cautiverio, donde se halló ropa y manchas de sangre, compatibles con las lesiones y la vestimenta de la víctima.

La preocupación de los investigadores es que la víctima aún no fue localizada ni en Tucumán, ni en otra provincia argentina, ni en Bolivia, aunque uno de los detenidos dio a entender al declarar que el hombre había sido liberado y podría haber regresado a su país.

"Seguimos trabajando bajo las órdenes de la Justicia federal para ubicar a este hombre. Si bien arribamos a la investigación a un par de días de iniciado el secuestro, todo indica que no se llegó a pagar ningún rescate pero de todas formas el hombre fue liberado, aunque necesitamos confirmarlo", dijo un jefe policial.

El padre de la víctima estuvo unos días alojado en una dependencia de la Policía tucumana, pero también ya regresó a su país.

Ahora se intenta contactar a autoridades de Bolivia, para que chequeen si la víctima regresó de algún modo a su país.

Los siete detenidos ya fueron indagados en la Fiscalía Federal 2 de Tucumán, desde donde se trabaja para reunir las pruebas necesarias para pedir sus procesamientos.

Todos los detenidos quedaron imputados de "secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas", delito que prevé una pena de entre 10 y 25, según el inciso 6to. del artículo 170 del Código Penal.