Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola finalizan este lunes su última jornada de alegatos con los pedidos de condena para los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además, exigieron la inabilitación perpetua de la exmandataria para ejercer cargos públicos y un embargo equivalente a casi u$s1000 millones. El anuncio se produjo horas después de que la expresidenta solicitara ampliar su declaración indagatoria "ante la falta de pruebas".

El alegato acusador comenzó pasadas las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato, con lo cual será formulado el pedido de condenas que anunciaron semanas atrás cuando comenzaron la exposición que apuntó, en su mayor parte, a Cristina Fernández de Kirchner.

El fiscal Mola indicó el monto total que fue desviado por la asociación ilícita liderada por la exmandataria y el empresario Lázaro Báez durante 2011 y 2015, cuyos fondos públicos estaban destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

El tramo final de la novena y última jornada de alegato resumió de manera compactada lo que ambos representantes del Ministerio Público desgranaron en las oportunidades anteriores, realizaron una evaluación político-judicial y culminarán con el pedido de penas.

El fiscal federal Sergio Mola aseguró que la asociación ilícita liderada por Cristina Kirchner llegó a desviar más de $5.321 millones (cerca de u$s 926 millones), monto que fue recibido por el empresario Lázaro Báez, otro de los acusados de la causa en cuestión. Así lo expuso en un tramo de la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía en la que harán el pedido de condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, y el resto de los 12 acusados. 

Mientras tanto, Luciani -quien hace unas semanas fue recusado por la vicepresidenta- solicitó 12 años de prisión para Cristina Kirchner y Lázaro Báez; para los exfuncionarios José López y Julio De Vido, las penas exigidas alcanzan los 10 años de prisión. Todos esto sumado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y un eventual decomiso.